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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - En nuestra copropiedad hay una subestación eléctrica

En el conjunto se encuentra sobre las zonas comunes una subestación de energía de CODENSA, y no recibimos ninguna remuneración por la utilización de las zonas comunes. La pregunta es si dicha empresa debe pagar alguna utilidad al conjunto por tener estos elementos?

RESPUESTA.

Existe un mecanismo legal que le permite a las empresas de energía instalar estas sub – estaciones en las zonas comunes de la copropiedad a través de la figura de imposición de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica.



Lo anterior conforme a lo establecido en la Ley 126 de 1938 que establece lo siguiente:



“ARTICULO 18. Grávense con la servidumbre legal de conducción de energía eléctrica los predios por los cuales deben pasar las líneas respectivas.”



Así las cosas, la ley gravó con servidumbre legal los inmuebles por los cuales debían pasar las líneas de conducción eléctrica, sin embargo, la imposición de la servidumbre para la conducción de energía eléctrica requiere previo a su imposición el agotamiento del proceso establecido en la Ley 56 de 1981 y su decreto reglamentario 2580 de 1985, el cual consagra:



“Artículo 27º.- Corresponde a la entidad de derecho público que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecución, promover en calidad de demandante los procesos que sean necesarios para hacer efectivo el gravamen de servidumbre de conducción de energía eléctrica.



Sin perjuicio de las reglas generales contendidas en los libros 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, que le serán aplicables en lo pertinente, el proceso de servidumbre de conducción de energía eléctrica se sujetará a las siguientes reglas:



l. A la demanda se adjuntará el plano general en que figure el curso que habrá de seguir la línea objeto del proyecto con la demarcación específica del área, inventario de los daños que se causen, con el estimativo de su valor realizado por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, que se adjuntará al acta elaborada al efecto y certificado de tradición y libertad del predio. Es aplicable a este proceso, en lo pertinente, el artículo 19 de la presente Ley.



2. Con la demanda, la entidad interesada pondrá a disposición del juzgado la suma correspondiente al estimativo de la indemnización.



3. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado por el término de tres (3) días.



4. Si dos (2) días después de proferido el auto que ordena el traslado de la demanda ésta no hubiere podido ser notificada a los demandados, se procederá a emplazarlos en la forma indicada en el inciso 2 del artículo 452 del Código de Procedimiento Civil.



5. Sin perjuicio del deber del juez de abstenerse de proferir sentencia de fondo en los casos previstos por la ley, en este proceso no pueden proponerse excepciones.



Articulo 28º. El juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la demanda, practicará una inspección judicial sobre el predio afectado y autorizará la ejecución de las obras, que de acuerdo con el proyecto sean necesarias para el goce efectivo de la servidumbre. En la diligencia, el juez identificará el inmueble y hará un examen y reconocimiento de la zona objeto del gravamen.



Artículo 29º.- Cuando el demandado no estuviere conforme con el estimativo de los perjuicios, podrá pedir dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda, que por peritos designados por el juez se practique avalúos de los daños que se causen y tasen la indemnización a que haya lugar por la imposición de la servidumbre. Los peritos se nombrarán conforme a lo indicado en el artículo 21 de esta Ley.



Artículo 31º.- Con base en los estimativos, avalúos, inventarios o pruebas que obren en el proceso, el juez dictará sentencia, señalará el monto de la indemnización y ordenará su pago. Si en las sentencia se fijare una indemnización mayor que la suma consignada, la entidad demandante deberá consignar la diferencia en favor del poseedor o tenedor del predio, y desde la fecha que recibió la zona objeto de la servidumbre hasta el momento en que deposite el saldo, reconocerá intereses sobre el valor de la diferencia, liquidados según la tasa de interés bancario corriente en el momento de dictar la sentencia.”



Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso revisar en la escritura del bien y el certificado de libertad y tradición, con el objetivo de establecer si la copropiedad se encuentra gravada con la servidumbre conducción de energía eléctrica.



Por otra parte, una vez revisados los documentos correspondientes, debe tenerse en cuenta que la resolución 082 de la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) determinó que a los usuarios que son propietarios de subestaciones eléctricas y activos de conexión instalados en su predio se les debe asignar una tarifa diferencial pero, a su vez, deben asumir algunas responsabilidades, entre ellas, asumir el costo de asegurar el activo.



Ahora bien, si la Subestación es propiedad de la empresa prestadora del servicio de energía, a pesar de que no hay alivio en la factura, la Copropiedad no asume mantenimientos periódicos ni responsabilidades ni primas de seguro y debería haber recibido una contraprestación en el momento en que se efectuó la venta.


En el caso planteado en la consulta, se podría intentar a través de la figura de la conciliación un acuerdo con la empresa prestadora de los servicios, manifestar la intención que tiene la copropiedad de llegar a un acuerdo al respecto, recordándole además que la resolución 082 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, determinó que a los usuarios propietarios de subestaciones eléctricas y activos de conexión instalados en su inmueble, les debe ser asignada una tarifa diferencial e incluso podrá ofrecerse la compra de dicha subestación.



Así las cosas, la conciliación extrajudicial, esto es, la que se realiza antes de un proceso judicial, es una manera directa y amistosa de solucionar los conflictos, evitando involucrase en un proceso judicial que resulta bastante gravoso para los intervinientes. Dentro de las principales ventajas de la conciliación se encuentran las siguientes:





libertad de acceso: Los ciudadanos pueden acudir libremente a un centro de conciliación autorizado, para promover una conciliación o para acudir a una citación propiciada por la otra parte en conflicto. Dentro de los centros autorizados se encuentran las notarías y cámaras de comercio. En la conciliación el resultado depende exclusivamente de la voluntad de las partes, con la intervención de conciliador en calidad de mediador.




Efectividad: La conciliación tiene plenos efectos legales para las partes. El acta de conciliación se asimila a una sentencia judicial porque el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y el acta presta mérito ejecutivo. Hace tránsito a cosa juzgada, es decir que los acuerdos adelantados ante los respectivos conciliadores, aseguran que lo consignado en ellos no sea de nuevo objeto de debate a través de un proceso judicial o de otro mecanismo. De otra parte el acta de conciliación presta mérito ejecutivo, esto es, que cuando el acta de conciliación contenga una obligación clara, expresa y exigible, será de obligatorio cumplimiento para la parte que se imponga dicha obligación. En caso de incumplimiento total o parcial de lo acordado por parte de uno de los conciliantes, la autoridad judicial competente podrá ordenar su cumplimiento, dando efectividad a los acuerdos.




Ahorro en tiempo y dinero: Mediante la conciliación las personas solucionan sus conflictos de una forma más rápida en comparación con la duración de los procesos judiciales en Colombia. La conciliación tiene la duración que las partes establezcan de común acuerdo con el conciliador, por lo general las conciliaciones se desarrollan en una sola audiencia. Las partes se ahorran los costos que implica un largo proceso judicial. En la conciliación las partes pueden o no utilizar los servicios de un abogado. Dependiendo de la persona o institución que las partes acudan se puede o no cobrar una tarifa para la conciliación que es significativamente menos costosa que un juicio.



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Finalmente, si las empresas mencionadas afectaron de manera permanente la propiedad del Conjunto mediante la imposición de hecho de una servidumbre, sin haber utilizado los instrumentos procesales requeridos para tal fin; podría la Copropiedad adelantar proceso judicial para obtener la reparación de los perjuicios derivados de la imposición de hecho de la referida servidumbre, teniendo en cuenta que para iniciar este trámite es necesario que se cuente con el acompañamiento de un abogado. En todo caso previo a interponer tal demanda es requisito previo intentar una conciliación con el fin de procurar llegar a un acuerdo entre las partes



Normatividad relacionada:





Ley 126 de 1938, Artículo 18


Ley 56 De 1981, Artículos 27 a 31


Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2000, MP: Dr. Antonio Barrera Carbonell.


Ley 142 de 1994


Resoluciones CREG


Ley 640 de 2001 - Conciliación

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