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SILENCIO ADMINISTRATIVO

Agradezco su valiosa colaboración para brindar asesoría jurídica sobre la siguiente situación:

La DIAN realizó un requerimiento a la Copropiedad con ocasión de la presentación tardía de la información exógena y medios Magnéticos. Con posterioridad la copropiedad radicó Derecho de Petición justificando la presentación tardía de la información, en la Dirección central de la DIAN con destino a la coordinación sistema de quejas, reclamos y sugerencias. Después de un mes se recibió comunicación pero en ella no se responde a todas nuestras solicitudes, ni se menciona el análisis de la documentación que remitimos.

Debido a que la respuesta dada no responde a cada una de las pretensiones y a que transcurren más de 3o días entre la solicitud y la respuesta, ¿es posible interponer silencio administrativo?

RESPUESTA.

En lo que se refiere al silencio administrativo, en primer lugar debe tenerse en cuenta que puede ser negativo o positivo. El silencio administrativo negativo consiste en una ficción para que vencidos los plazos de ley sin una respuesta por parte de la administración, se genere un acto aparente por medio del cual se niega la solicitud elevada; por su parte, el silencio administrativo positivo, genera un acto ficto en favor del administrado, no obstante, para que se configure este último, se requiere que se trate de uno de los casos taxativamente contemplados en la ley, pues si la norma nada se dice, se tendrá que la regla general es el silencio administrativo negativo.



Sobre el particular, establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su capítulo VII, lo siguiente:

“Artículo 83.Silencio negativo.Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.

Artículo 84.Silencio positivo.Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva

Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código.

(…)

Artículo 86.Silencio administrativo en recursos.Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima.”



De conformidad con lo anterior, y considerando que el caso objeto de la consulta no se encuentra contemplado en la ley como uno de los casos en que se configura el silencio administrativo positivo, no opera esta figura jurídica, pues para ello es necesario que se trate de casos expresamente contemplados en leyes especiales.



Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el trámite procedente para responder al requerimiento efectuado por la DIAN, era mediante la respectiva contestación o descargos y en caso de persistir la inconformidad con la respuesta, interponer en tiempo los recursos de reposición y apelación contra la decisión tomada.



En este orden de ideas, establece el artículo 47 de la Resolución 273 de 2013 con relación al suministro de información y las consecuencias de su incumplimiento:



“Artículo 47. Sanciones.Cuando no se suministre la información dentro de los plazos establecidos, cuando el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario”.



Por su parte, el artículo 651 del Estatuto Tributario, consagra lo siguiente:



SANCIONES RELATIVAS A INFORMACIONES Y EXPEDICIÓN DE FACTURAS

Art. 651. Sanción por no enviar información.

Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para elloo cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida,se suministró en forma erróneao se hizo en forma extemporánea.

- Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos.

Cuando la sanción se impongamediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentarante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente.

Ahora bien, pese a que como se explicó anteriormente no opera la figura del silencio administrativo, en caso de que la copropiedad considere que la entidad no dio respuesta total y de fondo al derecho de petición presentado, podrá interponer ante cualquier juez de la república acción de tutela, para que se proteja el derecho fundamental de petición y se obligue a la entidad a dar una respuesta de fondo al asunto, y a pronunciarse sobre aquellos aspectos que de acuerdo con la consulta la entidad no tuvo en cuenta o no respondió, y que deberá contestar en el término que determine el juez de tutela.



Así las cosas, si por acción u omisión de las autoridades o particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas, se vulnera o amenaza el derecho de petición, puede recurrir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de su derecho constitucional.

Lo anterior, tomando en consideración que la respuesta de los derechos de petición debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. La respuesta debe ser oportuna.

2. Debe resolver de fondo de manera clara y precisa congruente con la solicitud.

3. Ser puesta en conocimiento del peticionario.

Así las cosas, para que su derecho de petición sea contestado de forma completa y oportuna como lo exige nuestra legislación, ya que de acuerdo con la consulta no fueron resueltas todas las peticiones ni se consideraron todos los argumentos, se abre la posibilidad de interponer una acción de tutela, que es la acción constitucional que faculta a cualquier persona, en cualquier momento o lugar, para acudir ante un juez en la búsqueda de un pronunciamiento que proteja un derecho fundamental constitucional, que para este caso en particular sería el derecho de petición.

La acción de tutela procede cuando:



<ol>
<li>
Resulte vulnerado o amenazado un derecho fundamental por acción u omisión de los particulares o las autoridades públicas.
</li>
<li>
El afectado carezca de otro medio de defensa judicial para proteger el derecho.
</li>
</ol>



Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

En cuanto al contenido de la solicitud, en la tutela deberá expresarse, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, las pruebas que se pretenda hacer valer y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.

No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, y tampoco será necesario actuar por medio de apoderado.



Normatividad relacionada:

<ul>
<li>
Constitución Política ,
</li>
<li>
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
</li>
<li>
Decreto Ley 2591 de 1991
</li>
<li>
Resolución 273 de 2013, artículo 47.
</li>
<li>
Estatuto Tributario, artículo 651.
</li>
</ul>




 

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