Copropiedades.com.co

cmc@copropiedades.com.co

+57 1 7444120

Carrera 19A # 84-82 Of. 201 

Bogotá - Colombia

Consultas

QUERELLA POLICIVA

En la Alcaldía Local de Usaquén se instauró proceso policivo por una infracción urbanística contra un propietario y no ha avanzado el proceso, hemos radicado derechos de petición ante la Alcaldía para conocer el trámite adelantado con ocasión de la Querella interpuesta por el Conjunto y no se ha brindado información referente a la actuación administrativa adelantada. Por lo tanto, tenemos las siguientes inquietudes:


¿Quién es el ente que regula a la Alcaldía Local de Usaquén?

¿Qué debemos hacer, se interpone una demanda penal?



RESPUESTA.



Quién es el ente que regula a la Alcaldía Local de Usaquén?

Los Alcaldes Locales dependen directa y jerárquicamente del Alcalde Mayor del D.C., quien ejerce la orientación, supervisión, coordinación y control de sus actividades a través del Concejo de Administración Local.



Por otra parte, los alcaldes locales tienen el carácter de funcionarios de la administración distrital y están sometidos al régimen dispuesto para ellos, conforme lo establece el artículo 61 del Estatuto Orgánico de Bogotá (decreto 1421 de 1993). En tal calidad son sujetos disciplinables en caso de incurrir en faltas en el desempeño de sus funciones.

Para el inicio de una investigación disciplinaria en su contra, puede radicarse queja ante la Personería Distrital por la posible comisión de una falta disciplinaria al incumplir funciones que le son propias al cargo, para el caso puntal podrían citarse las siguientes:



Falta de respuesta a Derecho de petición.


Incumplimiento al deber de conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes.





¿Qué debemos hacer, se interpone una demanda penal?



Se puede afirmar que, conforme al mandato constitucional, todas las personas tienen derecho a elevar peticiones respetuosas a las autoridades y a exigir de éstas respuesta oportuna de manera clara, precisa y congruente y obedeciendo a los parámetros establecidos por la Ley para el tipo de petición elevada, la cual finalmente debe ser notificada al petente, para lo que a bien considere.

Constituye el Derecho de Petición un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, el cual tiene por finalidad hacer posible el acceso de las personas a la autoridad pública para que ésta, se vea precisada no solamente a tramitar sino a responder de manera oportuna las solicitudes elevadas por aquéllas en interés general o particular.

La omisión de la Alcaldía por no responder los derechos de petición y negarse a brindar información, puede dar lugar a la interposición de una acción de tutela por violación de los derechos fundamentales de Petición y eventualmente por violación del debido proceso en la medida en se desconozcan los términos de ley sin motivo probado y razonable y exista una dilación injustificada al interior del trámite administrativo, la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P. Arts. 29).

No obstante lo anterior, es de aclarar que en ningún caso el derecho de petición es el mecanismo idóneo para dar impulso al proceso como tal, pues éste debe ceñirse a los términos y requerimientos legales. Las reglas aplicables para que se llegue a decidir sobre el fondo de lo solicitado son las que la ley ha establecido para el respectivo procedimiento.

Sobre la acción de tutela es importante resaltar que es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. El fallo que se produce de esta acción es de inmediato cumplimiento. Se encuentra consagrada en el Art. 86 CN y ha sido reglamentada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.

La solicitud de tutela se caracteriza por su informalidad, no es necesario actuar por medio de un abogado; en la solicitud debe expresarse con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.

Por otra parte, como se mencionó en la respuesta precedente, puede interponerse queja ante los organismos de control con el fin de que se adelante la investigación disciplinaria a que haya lugar por la dilación injustificada de los términos en la actuación administrativa.

Finalmente, se aclara que la denuncia penal se formula cuando se está frente a la comisión de delitos consagrados en la legislación penal, lo cual no es el caso que nos ocupa, por lo que no se considera procedente la instauración de una denuncia penal con ocasión de los hechos motivo de consulta.

Normatividad relacionada:

Constitución Nacional

Ley Estatutaria 1755 de 2015‏

Ley 1437 de 2011

Decretos 1421 de 1993 art 86 y 1469 de 2010

Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.