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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES - Se consulta sobre la posibilidad de interponer acción de tutela contra el juez Civil Municipal de Bogotá que conoció el proceso ejecutivo iniciado por la Copropiedad

Se consulta sobre la posibilidad de interponer acción de tutela contra el juez Civil Municipal de Bogotá que conoció el proceso ejecutivo iniciado por la Copropiedad, por presunta parcialidad al proferir sentencia reconociendo unos pagos de cuotas y no como abono a la obligación, desconociendo la ley sustancial de los intereses para esta clase de obligaciones.

RESPUESTA.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

Establece la Constitución Política Colombiana en el artículo 86: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, mediante sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que contemplaban la posibilidad de formular tutela contra providencias judiciales, con fundamento en que la procedencia del amparo frente a autos y sentencias es contraria a la seguridad jurídica, al derecho de acceso a la administración de justicia y a los principios de autonomía e independencia judicial.

No obstante lo anterior, en la misma decisión se prevee la procedencia de la tutela respecto de “actuaciones de hecho” imputables a funcionarios judiciales que desconozcan o amenacen derechos fundamentales, o, que propicien la configuración de un perjuicio irremediable<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1].

En la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional se enunciaron las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, estos son:



Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;





Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;





Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;





Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;





Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y





Que no se trate de sentencias de tutela.



Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.

En conclusión, solo de manera excepcional procede la acción de tutela contra providencias judiciales en los casos en que se advierta la afectación manifiesta y arbitraria de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad, entre otros.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales.

De igual manera, se ha considerado que el derecho de defensa de quienes se ven afectados por la imposibilidad de apelar las decisiones adoptadas en los procesos de mínima cuantía puede hacerse efectivo a través de los distintos canales procedimentales previstos por el Legislador durante el curso mismo del proceso ejecutivo, por ejemplo, mediante la presentación de alegatos, recursos y memoriales ante el juez de conocimiento en el momento procesal oportuno.

De acuerdo con lo anterior, en aras de establecer las posibilidades de prosperidad de la acción, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela procede contra providencias judiciales solo de manera excepcional y tratándose de vías de hecho, es decir cuando el juez se ha apartado de la Ley. Adicionalmente, es importante que se realice un análisis económico del costo Vs. el beneficio, ponderando el costo de la acción (honorarios profesionales) con las sumas dejadas de reconocer por el juez, partiendo del concepto del profesional en derecho que conoció de la liquidación del crédito, la cual desconocemos por lo que no emitimos pronunciamiento sobre ese particular.

Normatividad relacionada:

Constitución Política de Colombia artículo 86

Decreto 2591 de 1991

Jurisprudencia Corte Constitucional

Sentencia de Unificación 11001031500020090132801 Consejo de Estado

<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992, MP. doctor José Gregorio Hernández Galindo.