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PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS - ¿La asamblea puede tomar la decisión de expulsar de la Copropiedad a un perro de raza Rottweiler de propiedad de uno de los residentes?

¿La asamblea puede tomar la decisión de expulsar de la Copropiedad a un perro de raza Rottweiler de propiedad de uno de los residentes?

RESPUESTA.

Un caso similar al planteado en la Consulta fue resuelto por la Corte Constitucional Mediante Sentencia T-155/12, que se refiere al caso del propietario de un perro de raza rottweiler que recibió una comunicación por parte del Consejo de Administración, en la que le otorgaban un plazo máximo de cinco días para expulsar a su perro del Conjunto, con el argumento de que se trata de una raza considerada potencialmente peligrosa.

La Corte consideró que las CopropiedadesSIpueden expulsar caninos clasificados dentro de la categoría de potencialmente peligrosos; Sin embargo, para ello deben respetar las garantías del debido proceso, esto es:



Tal decisión debe estar contemplada como sanción en el reglamento


Sustentada en el incumplimiento de las normas contempladas para tener una mascota


Sólo puede ser adoptada como la últimaratio.


Toda persona tiene derecho a presentar sus argumentos, los cuales deben ser tenidos en cuenta.


La decisión debe ser adoptada por un órgano que goce de imparcialidad e independencia.



Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que las personas cuentan con el derecho a tener animales domésticos, en tanto se trata del ejercicio de varios derechos fundamentales entre los que se han mencionado el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar. Con relación al primero, la jurisprudencia constitucional ha destacado que es un derecho destatus activoque “exige el despliegue de las capacidades individuales, sin restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico. Se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia”.En relación con el segundo, la intimidad personal y familiar implica el derecho a no ser molestado a fin de resguardar un espacio de privacidad personal y familiar, libre de cualquier de intromisión de otros, sin el consentimiento de su titular.

A pesar de ello, el ejercicio de estos derechos puede entrar en tensión con los derechos de otros residentes de la copropiedad, considerando que se trata de un ejemplar canino que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 746 de 2002“por la cual se regula la tenencia y registro de animales potencialmente peligrosos”, es potencialmente peligroso.En consecuencia, su derecho a tener una mascota y a sacarla a la calle, podría suponer una intervención en los derechos de terceras personas si por alguna circunstancia el paseo se diera sin la adopción previa de las medidas de control suficientes, que contribuyan a evitar de manera eficaz el ataque físico a la integridad de otras personas. Si un evento de esa naturaleza llegara a acontecer, no podría decirse que las demás personas gocen efectiva y plenamente de sus derechos a la tranquilidad y a estar libre de amenazas contra la vida y la integridad física.

En ese sentido, considera la Corte que la Constitución faculta a los órganos de dirección de las copropiedades para agotar las medidas indispensables con el fin de garantizar la convivencia tranquila de la comunidad, y evitar alteraciones entre los copropietarios que habitan el Conjunto e imponer sanciones razonables y proporcionales cuando se incumplan tales medidas.

Si entre las sanciones se decide incluir, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ello, una que faculte a la administración para excluir al animal potencialmente peligroso del conjunto, tal decisión (i) debe estar contemplada en el reglamento de la copropiedad, (ii) sustentada en el incumplimiento, por parte del copropietario o arrendatario, de las normas contempladas para efectos de tener una mascota al interior de la misma; y (iii) sólo puede ser adoptada como la últimaratio.

Una vez se contemple en el reglamento una sanción de esa naturaleza, para ponerla en práctica las copropiedades deben asegurarse de que existan previsiones previas a la expulsión del animal de la copropiedad y estas tienen que estar contempladas de forma expresa en el reglamento de la copropiedad y necesariamente deberán respetar unas garantías mínimas, indispensables, asociadas al debido proceso. ¿Cuáles serían? Cada copropiedad está facultada para regular ese punto, pero en la regulación de los procedimientos debe incluir cuando menos los siguientes derechos. (i) El primero es que a nadie puede exigírsele excluir al perro potencialmente peligroso del conjunto residencial, si no es en virtud de que ha violado una causal reglamentaria que específicamente así lo disponga. Cuando una norma de ese tipo efectivamente exista, entonces es posible aplicarla en los casos concretos, cuando se respeten además otras tres garantías. (ii) En segundo lugar, toda persona tiene derecho a ser oída; es decir, a contar con un tiempo prudente para presentar sus argumentos (de hecho y de derecho). (iii) Tercero, a la persona propietaria o tenedora del ejemplar canino debe garantizársele su derecho a que sean tenidos en cuenta los argumentos presentados oportunamente. (iv) Y finalmente, tiene el derecho a que la decisión acerca de si el perro debe ser excluido no sea adoptada por un órgano que carezca de imparcialidad e independencia.

Normatividad relacionada:



Sentencia T-155/12, Corte Constitucional


Ley 746 de 2002


 

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