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FUNCIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA - La pregunta se encuentra dirigida a saber si el comité de convivencia de la copropiedad

En los conjuntos residenciales, corresponde a la asamblea general de propietarios como máximo órgano de dirección de la persona jurídica, nombrar y remover a los miembros del comité de convivencia para períodos de un año.

Este órgano deberá estar creado en el reglamento de propiedad horizontal y estará integrado por un número impar de tres (3) o más personas, su propósito es servir de mediador con el fin de dirimir las controversias que se llegaren a presentar con ocasión de la vida en comunidad o para la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios, tenedores del edificio, o entre ellos y el administrador o el consejo de administración, como consecuencia de la aplicación o interpretación del régimen de propiedad horizontal o del reglamento.

En estos casos, podrá intervenir el comité de convivencia elegido por la asamblea, básicamente su función es presentar fórmulas de arreglo, orientadas a solucionar las dificultades y a fortalecer las relaciones de vecindad, de lo cual deberán levantar acta, suscrita por las partes y por los miembros del comité.

En cuanto a la posibilidad de imponer sanciones, expresamente la Ley 675 de 2001 contempla en el parágrafo 2° del artículo 58, la prohibición al Comité de Convivencia de imponer sanciones.

Si bien, la Ley 675 de 2001 consagra la posibilidad de imponer sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias consagradas en la ley o en el reglamento, por parte de los propietarios, tenedores o terceros por los que éstos deban responder en los términos de la ley; el órgano competente para este efecto será la asamblea general o el consejo de administración, éste último cuando esté creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esta facultad.

Adicionalmente, para la imposición de sanciones al interior de la copropiedad, es necesario que el reglamento de la copropiedad consagre expresamente las conductas objeto de la aplicación de sanciones, con especificación de las que procedan para cada evento, su duración, así como el procedimiento que garantice al presunto infractor el derecho fundamental al debido proceso.

Si el reglamento contempla la posibilidad de que la asamblea o el consejo, según el caso, puedan imponer sanciones, es requisito garantizar el derecho al debido proceso del presunto infractor, que se traduce en el respeto a sus derechos a la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sanción, que sean impuestas por el órgano competente y en general en obtener las garantías necesarias para asegurar un resultado justo, equitativo y que le permitan la oportunidad de ser oído y hacer valer sus alegatos y pretensiones legítimas. Sólo así podrá la copropiedad sancionar las infracciones al reglamento legítimamente.

Normatividad relacionada:
Constitución Política de Colombia artículo 29

Ley 675 de 2001 artículos 2, 38, 51, 58, 59 – 62

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