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DECISIONES POR COMUNICACIÓN ESCRITA - ¿Cuál es el procedimiento para que la asamblea pueda tomar decisiones por comunicación escrita?

La asamblea general es el órgano máximo de dirección en la copropiedad, está constituida por los propietarios de bienes privados, o sus representantes o delegados, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en la ley y en el reglamento de propiedad horizontal. Todos los propietarios de bienes privados que integran el edificio o conjunto tendrán derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ella.

Es así como, las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto.

Nuestra normatividad contempla la posibilidad de que la asamblea general adopte decisiones a través de comunicación escrita. Para efectos de validez y legalidad de este tipo de decisiones, debe tenerse en cuenta:


Que se haya convocado la totalidad de propietarios de unidades privadas, mediante comunicación enviada a cada uno de propietarios a la última dirección registrada por los mismos. La convocatoria la podrá hacer el Consejo de Administración, el Administrador, el Revisor Fiscal o un número de propietarios que represente la quinta parte de los coeficientes de copropiedad del edificio o conjunto.
En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día y no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que adeuden contribuciones a las expensas comunes.
La totalidad de los copropietarios directamente o a través de sus representantes o delegados ( debidamente acreditados), deberán expresar por escrito el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas.
La comunicación debe contener el nombre del copropietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la fecha y hora en que se hace.
Si los propietarios hubieren expresado su voto en documentos separados, éstos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a partir del envío acreditado de la primera comunicación.
La mayoría respectiva se computará sobre el total de los coeficientes que integran el edificio o conjunto. En este punto hay que tener en cuenta que tratándose de asambleas generales de conjuntos destinados a vivienda, para determinar el quórum, se tendrá en cuenta: i) las decisiones de contenido no económico, se adoptarán siguiendo la fórmula una unidad un voto y ii) las decisiones de contenido económico, se adoptarán acudiendo al coeficiente de copropiedad de cada propietario de unidades privadas.
Las actas deberán asentarse en el libro respectivo, suscribirse por el representante legal y comunicarse a los propietarios dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que se concluyó el acuerdo.


Es importante tener en cuenta que las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación escrita, o cuando las decisiones no sean expresadas dentro del término de un (1) mes, contado desde el envío de la primera comunicación.

Finalmente, cabe aclarar que algunas decisiones no podrán tomarse a través de esta modalidad, toda vez que la Ley 675 de 2001 establece en su artículo 46 las decisiones que requieren mayoría calificada del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad que integran el edificio o conjunto las siguientes decisiones, y dispone que las mismas no podrán adoptarse en reuniones no presenciales, estas son:


Cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una sensible disminución en uso y goce.
Imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total, durante la vigencia presupuestal, supere cuatro (4) veces el valor de las expensas necesarias mensuales.
Aprobación de expensas comunes diferentes de las necesarias.
Asignación de un bien común al uso y goce exclusivo de un determinado bien privado, cuando así lo haya solicitado un copropietario.
Reforma a los estatutos y reglamento.
Desafectación de un bien común no esencial.
Reconstrucción del edificio o conjunto destruido en proporción que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%).
Cambio de destinación genérica de los bienes de dominio particular, siempre y cuando se ajuste a la normatividad urbanística vigente.
Adquisición de inmuebles para el edificio o conjunto.
Liquidación y disolución.     


Normatividad relacionada:

Ley 675 de 2001

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