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CONSUMO DE ALUCINÓGENOS - En el conjunto un propietario consume sustancias alucinógenas en las zonas comunes

En el conjunto un propietario consume sustancias alucinógenas en las zonas comunes, la administración dando cumplimiento al Reglamento de Propiedad Horizontal emitió comunicación haciendo énfasis en la afectación de la convivencia por este caso, pero el propietario amenazó con demandarnos por calumnia. ¿Qué podemos hacer?

Teniendo en cuenta que esta conducta constituye una contravención de policía, cada vez que se presente esta situación debe acudirse a las autoridades de Policía como autoridad encargada de dirimir los conflictos de convivencia, entre los que se encuentran las denuncias por eventos que afectan la tranquilidad de los vecinos, es importante que quede un registro de visitas realizadas por la policía que permitan demostrar la situación, por lo que es importante que los agentes que conocen del caso levanten un informe.

Luego, si continúan los inconvenientes, se debe interponer una querella en la Inspección de Policía, quien se encargará de resolver el caso mediante la imposición de las sanciones correspondientes. Para ello es indispensable documentar las infracciones mediante videos, fotografías, testimonios y demás pruebas que permitan demostrar ante la autoridad el proceder irregular de este propietario.

Adicionalmente, al interior de la Propiedad Horizontal se debe garantizar la seguridad y la convivencia pacífica entre los habitantes y demás personas a su interior. Por ello, el Reglamento Interno es el estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal; debe respetar la función social y ecológica de la propiedad, ajustarse a la ley, propender al establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o tenedores, respetar el desarrollo de la libre iniciativa privada dentro de los límites del bien común. Además del contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal deben incluir las regulaciones relacionadas con la convivencia, organización y funcionamiento del edificio o conjunto. Conforme a lo cual deberá darse aplicación a las medidas que establezca el reglamento.

Por su parte, la ley 675/01 contempla que el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, por parte de los propietarios, tenedores o terceros por los que éstos deban responder en los términos de la ley, dará lugar, previo requerimiento escrito, con indicación del plazo para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones:

1. Publicación en lugares de amplia circulación de la edificación o conjunto de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción.

2. Imposición de multas sucesivas, mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores, cada una, a dos (2) veces el valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor, a la fecha de su imposición que, en todo caso, sumadas no podrán exceder de diez (10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor.

3. Restricción al uso y goce de bienes de uso común no esenciales, como salones comunales y zonas de recreación y deporte.

Para la imposición de cualquiera de ellas, es necesario que el reglamento de propiedad horizontal consagre expresamente las conductas objeto de la aplicación de sanciones, con especificación de las que procedan para cada evento, su duración, así como el procedimiento que garantice al presunto infractor el derecho fundamental al debido proceso. No obstante, en ningún caso las disposiciones contenidas en el reglamento podrán vulnerar las normas imperativas contenidas en la ley, so pena de tenerse por no escritas, ni tampoco los derechos fundamentales del infractor, en especial el derecho a la intimidad.

En este tema resulta de especial importancia, hacer énfasis en la obligatoriedad de garantizar el debido proceso del presunto infractor, que se traduce en el respeto a sus derechos a la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sanción y en general en obtener las garantías necesarias para asegurar un resultado justo, equitativo y que le permitan la oportunidad de ser oído y hacer valer sus alegatos y pretensiones legítimas.

Por lo tanto, las sanciones podrán imponerse siempre y cuando las obligaciones y sanciones se encuentren consagradas en el reglamento de propiedad horizontal, se respeten los procedimientos contemplados en el mismo para tal efecto, se cumpla con el debido proceso y se respeten los derechos de defensa, contradicción e impugnación.

Normatividad relacionada:

Ley 675 de 2001
Código de Policía