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CONSERJERÍA - En días pasados se entraron los ladrones al edificio y robaron en un apartamento

En días pasados se entraron los ladrones al edificio y robaron en un apartamento, no tenemos vigilantes, sino conserjes porque están contratados directamente por el edificio, el propietario dice que nos va a demandar y me envió una carta solicitando unos papeles. Quisiera su colaboración indicándome si debo responderle.

Acorde con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes.

Por lo anterior, es preciso dar respuesta a la comunicación recibida por el copropietario, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción, y en caso que solicite documentos de carácter reservado, podrá abstenerse de entregarlos invocando tal reserva de la información en la respuesta.

En este sentido, es importante dar respuesta en tiempo las solicitudes de los copropietarios, ya que constituye una obligación que se deduce del derecho de petición que puede ser protegido por vía de tutela.

Por otra parte, todas aquellas personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que deseen proveerse de servicios de vigilancia y seguridad privada, deben hacerlo a través de empresas que estén previamente autorizadas para ello por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Entendiéndose por actividades de vigilancia, aquellas tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros.

En lo que se refiere al servicio de conserjería, ha sostenido la Corte Constitucional que la contratación directa de personas y servicios de conserjería para proveer seguridad privada, no se encuentra legalmente permitida, sin que esto quiera decir que tal actividad, es decir, la de conserje, limitada a las funciones propias de esta actividad (desarrollo de funciones de mayordomía y mantenimiento de un lugar determinado), por sí misma, sea ilegal; la prohibición se encamina a que estas personas sean contratadas para el encubrimiento de actividades de vigilancia y seguridad privada bajo la figura de la conserjería.

El Estado, a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es quien autoriza la prestación de este tipo de servicios de vigilancia, por lo tanto, no es legalmente permitido el hecho de que personas (naturales o jurídicas) que no cuenten con la respectiva licencia de funcionamiento expedida por esta Superintendencia presten servicios de vigilancia y seguridad privada, acudir a esta o al hecho de contratar directamente personal operativo para el cuidado y protección de un determinado lugar configura una actividad ilegal que acarrea sanciones de ley tal y como lo establece el artículo 91 del Decreto Ley 356 de 1994, que establece:

“ARTÍCULO 91.- Contratación de servicios. Las personas naturales o jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada, con empresas que no tengan licencia de funcionamiento, o que la misma se halle vencida serán sancionadas con multa que oscilará entre 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales, la cual se impondrá por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y deberá ser consignada en le Dirección General del Tesoro a su favor. (…)”.

La actividad de la vigilancia y la seguridad privada, exige que solamente pueda prestarse al amparo de una licencia de funcionamiento o credencial que otorgue el Estado colombiano a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual, se avale una idoneidad específica y un presupuesto necesario para la adecuada prestación del servicio requerido.

Tenga presente que al celebrar contratos con empresas debidamente autorizadas se exige la constitución de pólizas de seguro que podrían cubrir situaciones como las que describe en la consulta.

Finalmente, para poder establecer responsabilidades en lo sucedido, es preciso valorar el daño, la relación de causalidad y la posible negligencia al no garantizar un servicio legal, lo cual implica el análisis de las decisiones previas tomadas por la asamblea y la administración frente a la contratación de la vigilancia; igualmente es preciso valorar cómo ocurrieron los hechos, lo que será del resorte de las autoridades judiciales correspondientes. En principio, al copropietario le corresponde instaurar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que de acuerdo a su competencia adelante la investigación penal correspondiente.

Se resalta la importancia de subsanar esta situación convocando a una asamblea para deliberar en torno a la contratación del servicio de vigilancia en debida forma, más si se tiene en cuenta que dentro de las obligaciones de la administración está velar por el cuidado y la seguridad de los bienes comunes de la copropiedad.

Normatividad relacionada:

Ley 1755 de 2015
Decreto Ley 356 de 1994
Decreto 2187 de 2001
Resolución 2852 de 2006
Circular Externa 435 de 2014 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Circular externa No. 001 de 2012 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada