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ACCIÓN DE TUTELA- El propietario de uno de los apartamentos manifiesta que instauró contra la copropiedad una acción de tutela por no entregarle información relacionada con una licitación que se adelanta para llevar a cabo unas obras. ¿Qué debe hacer la

El propietario de uno de los apartamentos manifiesta que instauró contra la copropiedad una acción de tutela por no entregarle información relacionada con una licitación que se adelanta para llevar a cabo unas obras. ¿Qué debe hacer la copropiedad?





La acción de tutela es uno de los mecanismos constitucionalmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales de las personas. La constitución de 1991 la establece en los siguientes términos:

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

"La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacer. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

"Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”

En estos términos, la acción de tutela se caracteriza por lo siguiente:


Procede cuando no existen otros medios de protección, solo es procedente cuando hay otros medios de defensa siempre y cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Es prioritaria en cuanto al procedimiento, los términos son más cortos (10 días desde la presentación para resolver), por ende esta acción es preferente.
Solo procede por la vulneración o violación de derechos fundamentales, que son aquellos inherentes al ser humano y pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana.
No requiere formalidad alguna, incluso la tutela puede ser presentada verbalmente cuando el accionante no sepa escribir o se trate de un menor de edad,
No requiere intervención de abogado, ni para interponerla ni para contestar, cualquier persona puede interponerla cuando le sean vulnerados o violados sus derechos fundamentales.
Procede tanto contra acciones u omisiones de autoridades públicas como de particulares en los casos establecidos por la ley.
Se pueden solicitar medidas preventivas para evitar un perjuicio, suspendiendo el acto en concreto que amenace o vulnere el derecho fundamental.




Una vez interpuesta la tutela, el juez de conocimiento dará traslado de la misma a la copropiedad para que se sirva contestar en el término de 2 o 3 días, citando los argumentos que sirvan para desvirtuar la violación del derecho fundamental invocado y aportando las pruebas que así lo demuestren.



De la consulta se desprende que el derecho violado es el derecho fundamental de petición de información, consagrado en el artículo 23 de la constitución Política. De ser así, la recomendación es dar respuesta inmediata a la petición del copropietario, de tal forma que una vez se reciba el requerimiento judicial se pueda alegar “hecho superado”, el cual se presenta cuando antes de producirse el fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria.



El propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir.



Finalmente, es importante tener en cuenta que la respuesta a los derechos de petición deben cumplir con los siguientes requisitos:




La respuesta debe ser oportuna.
Debe resolver de fondo de manera clara y precisa congruente con la solicitud.
Ser puesta en conocimiento del peticionario.




Normatividad relacionada:



Constitución Política de Colombia

Ley 675 de 2001

Decreto 2591 de 1991